La tarde del 22 de marzo de 2002, en la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, preparaba agua en la cocina de su casa, acompañada por cuatro de sus hijos de corta edad, cuando aparecieron por las cercanías 11 soldados. Según los informes, tres de ellos entraron en la casa y le preguntaron enérgicamente acerca de la carne que Inés estaba secando en el patio, y que los soldados decían que era robada. Aunque comprendió las preguntas, Inés, indígena tlapaneca (mephaa), apenas habla español, y no respondió. Los niños corrieron a casa de un familiar. Los soldados, entonces, según indican los informes, violaron a Inés. Cuando ésta finalmente se atrevió a acercarse a la puerta de su casa para cerrarla, vio que la carne que tenía para su familia había sido robada. Más tarde contó a su esposo lo sucedido y juntos denunciaron el caso ante las autoridades locales, con la esperanza de que los responsables fueran llevados ante la justicia...
En Guerrero, aparte del caso de Inés Fernández, desde 1997 se han presentado contra el ejército otras cinco denuncias de violación. Según el testimonio recibido por Amnistía Internacional, y según la denuncia presentada por la víctima, el 16 de febrero de 2002, a las dos en punto de la tarde, Valentina Rosendo Cantú, de 17 años, miembro del grupo indígena tlapaneca (mephaa) y madre de un niño de tres meses, vio acercarse a ocho soldados del 41 Batallón de Infantería mientras lavaba ropa cerca de su casa, en el poblado de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec. Los acompañaba un civil con las manos atadas. Dos de los soldados caminaron hasta ella y le preguntaron por las actividades de unos «encapuchados». Cuando ella respondió que no conocía a ninguno, uno de los hombres la apuntó con su arma y amenazó con disparar. Los soldados enseñaron a Valentina una fotografía, le preguntaron por la identidad del individuo retratado en ella, y luego le leyeron una lista de 11 nombres. Cuando ella respondió que no los conocía, el soldado que le había apuntado con el arma la golpeó en el estómago con la culata de su rifle, haciéndola caer al suelo y perder momentáneamente la consciencia. Uno de los soldados la agarró del pelo y siguió interrogándola. Los soldados le dijeron que, si no les daba más información, matarían a todos los habitantes del poblado. Luego, bajo la mirada de los demás, dos de los soldados violaron a Valentina.
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, de la comunidad de Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, salieron de sus casas para ir en busca de unos familiares varones más jóvenes que ellas: Antonio Mendoza Olivero, de 10 años y nieto de Victoriana Vázquez, y Evaristo Albino Téllez, de 27 años y cuñado de Francisca Santos, a quienes no se había vuelto a ver desde que fueron a recoger la cosecha el día antes. Victoriana Vázquez dijo más tarde que, cuando llegaron al campo, encontraron un campamento militar, y que los soldados, cuando las vieron tratar de huir, las atraparon, las llevaron a unas casas abandonadas y las violaron. Las dos mujeres relataron cómo los soldados armados las habían arrojado al suelo, les habían atado las manos a la espalda y les habían arrancado la falda. Tres soldados violaron a Victoriana Vázquez mientras otros arrastraron a Francisca Santos a un barranco cercano, donde la violaron después de que perdiera la consciencia. Según el hijo de Victoriana Vázquez, que repitió en español el testimonio de su madre, los hombres vestían todos uniformes militares, y uno de ellos
-se bajó los pantalones ... Él le tapó la cara con la misma ropa ... estuvo sangrando mi mamá unos días.
Dos años antes, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, pertenecientes al grupo indígena tlapaneca y que viven en Zopilotepec, en el municipio de Atlixtac de Álvarez, denunciaron haber sido violadas por soldados el 3 de diciembre de 1997. Aurelia Méndez, su esposo, Celerino Vásquez Solano, y los hijos de ambos estaban recolectando hojas de maíz en una parcela de tierra en el distrito de Tlacotzingo cuando, hacia las cinco de la tarde, llegaron cinco soldados, quienes realizaron unos cuantos disparos que asustaron a la pareja, se acercaron a Celerino Vásquez y empezaron a golpearlo con sus rifles. Siguieron golpeándolo y lo ataron. Uno de los soldados golpeó entonces a Aurelia Méndez, la arrojó al suelo y, según los informes, la violó delante de su esposo y sus hijos. Luego, según indican los informes, un segundo soldado la violó también. Después llevaron a la pareja a la parcela en la que estaban trabajando Delfina Flores y el esposo de ésta, Aureliano Vicente Cantú. Según el testimonio de Delfina Flores, ella y su esposo estaban trabajando en un campo cercano cuando oyeron un disparo y vieron acercarse a cinco soldados armados que llevaban atados a Aurelia Méndez y Celerino Vásquez. Los soldados patearon y amenazaron a Aureliano antes de atarlo. Tres de ellos se acercaron a Delfina Flores, y uno la agarró y la insultó. Los soldados tomaron a Delfina del pelo y la empujaron. Delfina, que llevaba un bebé de cuatro meses en los brazos, cayó al suelo. Dos soldados le arrancaron por la fuerza la ropa interior y la violaron. Ella consiguió evitar que la violaran por tercera vez agarrando una piedra, pero el soldado en cuestión, al no poder violarla, la golpeó.
Amnistía Internacional a realizado un informe que se centra en los casos de seis mujeres indígenas que, según los informes, han sido violadas por soldados en el estado de Guerrero en los últimos diez años. El informe examina también las graves deficiencias de las investigaciones realizadas por los fiscales militares mexicanos y cómo el sistema de justicia militar es fundamentalmente inadecuado para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas a causa de su falta de imparcialidad e independencia. Estudia asimismo las deficiencias de otras instituciones implicadas en estos casos, como las fiscalías, los tribunales, los servicios médicos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El informe contempla además algunos de los problemas planteados por la fuerte presencia militar del ejército mexicano en partes del estado de Guerrero y los numerosos obstáculos que disuaden a las mujeres indígenas de presentar denuncias de violación u otras formas de violencia sexual.
Los casos de violación presuntamente cometidos por miembros del ejército constituyen tortura y deben ser investigados como violaciones graves de derechos humanos. La organización cree también que las mujeres pertenecientes a grupos indígenas se enfrentan a una discriminación múltiple a manos de una serie de instituciones, y especialmente tienen que hacer frente a un trato descuidado y desdeñoso por parte del sistema judicial tanto militar como civil, que les niega la reparación y el resarcimiento. Las investigaciones realizadas por los fiscales militares han sido lamentablemente deficientes y han estado plagadas de graves errores y omisiones. Estas investigaciones demuestran claramente la incapacidad, la ineficacia y la falta de voluntad política del sistema de justicia militar mexicano a la hora de realizar investigaciones independientes e imparciales y celebrar juicios para las víctimas civiles de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha concluido que el ámbito actual del sistema de justicia militar para investigar casos de violaciones de derechos humanos en los que están implicados miembros de las fuerzas armadas mexicanas menoscaba las limitaciones impuestas a la jurisdicción militar y está en contradicción directa con las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas al gobierno de México.
¿DEJAREMOS DE SER GORILAS LOS HOMBRESALGÚN DÍA? Ojalá que sí.
